La Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), sangra por dentro.

 

La ceremonia de jura en el cargo del alcalde de Chiclayo, Marco Gasco Arrobas, se vio empañada, tras ponerse al descubierto que sobre su recién nombrado jefe del Centro de Gestión Ambiental de Chiclayo (CEGACH), Walter Martín Pérez Carranza, pesa una orden de prisión preventiva, por su implicancia en la aparente mafia de ‘Los Proveedores Dorados’ que perjudicó a la comuna provincial de Lambayeque.

 

La noticia fue confirmada en exclusiva a La Industria por la fiscal que investiga el caso (‘Proveedores Dorados’), Magaly Quiroz Caballero, la misma que al ser propalada por la Plataforma Digital de este medio de comunicación, puso en alerta a la Policía, cuyos efectivos de inmediato armaron el operativo de captura en plena ceremonia de juramentación.

 

“Efectivamente está investigado en la Carpeta Fiscal N° 121 del 2016 que comprende a varios funcionarios de la Municipalidad Provincial de Lambayeque por la comisión del delito de peculado agravado, en el cual se hicieron 94 contrataciones directas ficticias y el Estado fue defraudado patrimonialmente con más de un millón de soles”, afirmó Magaly Quiroz.

 

La titular del primer despacho fiscal Anticorrupción de Chiclayo, añadió que, Pérez Carranza se encuentra en estos momentos con una orden de prisión preventiva dictada por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Lambayeque, la misma que según explicó, fue confirmada por la Primera Sala Penal de Apelaciones el 6 de julio de 2017.

 

“Luego, a mediados del 2018, este señor (Pérez Carranza) planteó con su abogado el cese de la prisión preventiva. El Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria a cargo del doctor Leonardo Tarrillo declaró infundado ese pedido, y la Sala también declaró infundado el pedido de cese (de la prisión preventiva)”, añadió.

 

Quiroz Caballero agregó, “acabo de averiguar mediante una llamada al Décimo Juzgado para ver si las órdenes han sido renovadas y él (Pérez Carranza) está con la orden de captura vigente, su condición procesal no ha sido variada, tiene mandato de prisión preventiva de 18 meses”, enfatizó.

 

La fiscal Anticorrupción precisó que su despacho no tiene porqué cursar un documento a la Policía para que ejecuten esta orden de captura, ya que a las autoridades policiales solo les bastaba con ingresar a su base de datos de los requisitoriados, donde Martín Pérez figura con orden de captura vigente.

 

“Estoy preparando ya la acusación, es un caso complejo (‘Proveedores Dorados’), hay más de 15 implicados, no se puede trabajar en unas semanas, conlleva un par de meses”, acotó.

 

 

 

Según la Resolución N° Diez contenida en el Expediente N° 03291- 2017 de la Primera Sala Penal de Apelaciones del 7 de julio de 2018, menciona a los imputados por el delito de peculado agravado: Walter Martín Pérez Carranza, Franz Cueva Moscol, Jorge Santiago Santisteban Chicoma, Richard Andrés Fernández Flores, Guido Eugenio Samamé Constantini, Víctor Andrés Preciado Mío y Edwin Ricardo Zapata Ríos.

 

Según la Fiscalía, entre el 1 de enero de 2015 al 4 de marzo del 2016, estos funcionarios de la comuna lambayecana incumplieron dolosamente sus funciones.

 

Ante esto, el Ministerio Público les imputa haber realizado ficticias contrataciones directas de servicios generales y consultoría, con la finalidad de apropiarse del dinero del Estado, contratando a Víctor Alberto Preciado Mío, Guido Eugenio Samamé Constantini, Juan Carlos Meza García, José María Gálvez Pérez, Linda Grace Vílchez Asalde y Omar Chávez Siancas.

 

Estos últimos –según la Fiscalía– son supuestos proveedores de servicios a quienes se les contrató, pero nunca dieron los servicios; sin embargo, procedieron a pagarles un millón 25 mil 765.50 soles.

 

“Pérez Carranza, Zapata Ríos, en sus periodos correspondientes, para apropiarse de dinero del Estado solicitaron la elaboración de expedientes técnicos sin contar con las especificaciones y justificaciones técnicas requeridas para los proyectos de inversión…”, reza el requerimiento fiscal.

 

Asimismo, respecto al imputado Pérez Carranza, la Fiscalía añade que, se trata de un delito de peculado sustentando su teoría del caso en el acervo documentario original, lo cual en su totalidad –afirma la fiscal– está corroborado.

 

En otro acápite informa que el 4 de abril de 2017 formalizó la investigación preparatoria y remitió a todos los investigados un CD con toda la información pertinente.

 

“Además, dos meses dos días después que se formaliza la investigación, no se cuestionaron los elementos de convicción hasta la fecha, ni tampoco en la presente audiencia”, enfatiza la fiscal en su posición.

 

 

 

En su parte resolutiva este documento afirma “revocar la resolución apelada de fecha 13 de junio de 2017 que declara fundado el requerimiento de prisión preventiva formulado por el Ministerio Público contra los investigados: Franz Cueva Moscol y Jorge Santiago Santisteban Chicoma y reformándola se declara infundada la solicitud de prisión preventiva contra los referidos imputados…”.

 

Mientras que en su punto 2 señala, “confirmar la resolución apelada en el extremo que declara fundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva contra los investigados: Richard Andrés Fernández Flores, Walter Martín Pérez Carranza, Víctor Alberto Preciado Mío y Guido Eugenio Samamé Constantini, con lo demás que contiene”.

 

Por último resuelve, “confirmar la resolución apelada en el extremo que dicta la medida de comparecencia con restricciones a favor del acusado Edwin Zapata Ríos…”.

 

 

 

Propalada la noticia por la Plataforma Digital del diario La Industria, cuatro efectivos policiales vestidos de civil y uno uniformado, se constituyeron hasta el segundo piso del Palacio Municipal, con la clara intención de capturar al funcionario prófugo de la justicia.

 

Tras varios minutos para la ubicación de Martín Pérez Carranza entre los familiares y allegados del alcalde, regidores y funcionarios de turno, quienes fueron los únicos invitados a este nivel (segundo piso) post jura del alcalde Marco Gasco, los agentes se retiraron solo con la sensación de haberlo podido atrapar.

 

Según se conoció, Martín Pérez Carranza habría estado temprano en la ceremonia de ayer, pero aparentemente se habría retirado de forma intempestiva.

 

También se supo que Pérez Carranza habría sido parte del equipo de transferencia que el ahora alcalde, Marco Gasco, acreditó al inicio de este proceso normado por norma.

 

 

Ante lo expuesto, Marco Gasco Arrobas, alcalde de Chiclayo recientemente juramentado, señalo que la información que detallaba el nombramiento de los diferentes gerentes para la entrante gestión, colgada en el portal web del municipio, no fue borrada, sino, suspendida.

 

“Está suspendida (la información). Aún no hemos declarado a los gerentes. No hemos borrado la información, la hemos suspendido”, declaró Gasco Arrobas a su salida del municipio chiclayano, tras casi dos horas de ‘agasajo’; donde, precisamente, fue el último en abandonar la comuna.

 

De forma seguida, el burgomaestre aceptó que fue Pérez Carranza con quien salió la mañana del uno de enero a “supervisar” las labores de limpieza pública. “He salido con él desde las tres de la mañana el día uno de enero, para ver el tema de residuos sólidos. No sé su situación legal, pero sí es cierto que me ha estado apoyando”, acotó.

 

Gasco Arrobas finalizó sus declaraciones pidiendo que Pérez Carranza se ponga a disposición de la justicia. “Por supuesto que le pediría que se ponga a disposición de la justicia”, concluyó el alcalde de Chiclayo.

 

 

 

El regidor de la comuna chiclayana, Marino Olivera Cruzado, indicó que, en la primera sesión de concejo que haya, los regidores cuestionarán al alcalde Gasco Arrobas por la designación de Walter Pérez Carranza como jefe del Centro de Gestión Ambiental de Chiclayo (CEGACH).

 

“Si mañana mismo nos convocan a sesión de concejo, vamos a preguntar y cuestionar (al alcalde) el por qué este señor (Walter Pérez Carranza) ha sido designado en dicho cargo (…). Es el alcalde quien da los nombramientos de los gerentes”, declaró el concejal provincial por el oficialismo.

 

De forma seguida, Olivera Cruzado pidió a la policía disponer de acciones para capturar a Pérez Carranza, quien, hasta donde se supo, estuvo en la ceremonia de juramentación del concejo provincial la mañana de ayer miércoles, en las instalaciones del municipio de Chiclayo. No obstante, luego desapareció.

 

“Por supuesto, el llamado es para que la Policía capture a ese señor (Pérez Carranza). Como autoridad y ciudadano hago la invocación para que la justicia pueda acercarse; en caso contrario, él pueda ponerse a disposición”, mencionó.

 

Finalmente, el regidor chiclayano aseguró desconocer la situación legal de quien hasta hace unas horas era jefe del CEGACH. “No, no sabía. Lamentablemente si está prófugo de la justicia no puede asumir el cargo”, expresó.

 

 

 

Considerado en las redes sociales como la peor decisión tomada por un alcalde en el día de su juramentación, Marco Gasco Arrobas, fue puesto en el ojo de la tormenta por su decisión de llegar caminando sobre una alfombra roja, la misma que fue instalada desde la Catedral chiclayana (donde se realizó la misa) hasta el interior del palacio municipal.

 

Esta peculiar forma no pasó desapercibida por los usuarios de las redes sociales, quienes, de inmediato, criticaron el actuar de la autoridad municipal. Inclusive, algunos pidieron que ‘se vuelen las cabezas’ de quienes tuvieron esta iniciativa. Otros, menos preocupados, minimizaron esta situación.

 

Quien se pronunció al respecto fue Ana Calderón Miskúlin, representante de la sociedad civil chiclayana, quien reprochó enérgicamente la escena de Gasco Arrobas caminando por esta alfombra roja.

 

“Es de mal gusto en todo aspecto, contrastando con todas las debilidades que atraviesa Chiclayo, como el de la basura, ingobernabilidad, y la deuda a los trabajadores municipales”, refirió.

 

En esta misma línea, y ante la respuesta del alcalde de Chiclayo aludiendo que la idea de caminar por la alfombra roja fue algo propuesto por su equipo de protocolo, la representante civil indicó que Gasco Arrobas no es una persona que desconozca de temas protocolares, debido a su formación política.

 

 

El regidor de la MPCh, Jony Piana Ramírez, aceptó que el principal reto que tendrá la actual gestión de la comuna chiclayana será recuperar la confianza de la ciudadanía. Además, de demostrar que tienen la intención de hacer las cosas bien.

 

“Son nuestros actos los que van a demostrar cómo trabajamos, así que no quiero adelantar opinión, hasta demostrar en los hechos. Todos los que componemos esta municipalidad tenemos una responsabilidad con Chiclayo. Tenemos una responsabilidad de demostrar integridad”, expresó.

 

En referencia a esto, informó que es importante que se pueda consolidar la reorganización interna de la municipalidad de Chiclayo, pues hará de la municipalidad una institución más amigable para la sociedad.

 

“Es necesario una reorganización de la estructura de la municipalidad, para simplificar los actos administrativos y reasignar funciones; y que esta se convierta en una gestión ágil y cercana a la ciudadanía”, adhirió el concejal provincial.

 

Para concluir, Piana Ramírez apuntó que se realizará una revisión de las ordenanzas municipales implementadas en la pasada gestión, para determinar su sostenibilidad y continuidad. Precisamente, será la ordenanza de restricción de acceso a las mototaxis al centro de Chiclayo la que tenga prioridad.

 

 

 

La exregidora de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), Janeth Cubas Carranza, instó al alcalde de Chiclayo a demostrar de manera evidente su compromiso de luchar contra la corrupción, pues, según manifestó, no es suficiente con que solo se diga, sino, que es necesario las acciones.

 

“La mejor forma de evidenciar lo que dice es transparentando todo el gasto público y transparentando la gestión. Considero que eso sería una buena manera de cómo, de forma comprobable, se puede decir que está haciendo bien las cosas”, expuso la también excandidata a este sillón edil.

 

“Otra forma de transparencia es publicando el avance, presupuesto y licitación de las obras que se vayan a realizar. Disponer de la más clara y completa información a la ciudadanía sobre la gestión, tanto en el portal web del municipio chiclayano, como en cada una de las áreas físicas”, agregó.

 

Asimismo, la exconcejal provincial aseguró que el principal desafío que tendrá el alcalde de Chiclayo será acercar la gestión municipal hacia la ciudadanía, esto tras los graves actos de supuestas irregularidades de sus últimas autoridades.

 

“El mayor reto va a ser acercar la institución a la ciudadanía y trabajar con transparencia”, remarcó.

 

Cubas Carranza exhortó, además, a la sociedad chiclayana a retomar el deber de fiscalizar las gestiones municipales, esto tras los últimos acontecimientos. “Entendemos, también, que Chiclayo no puede seguir en la postergación. Nosotros, como ciudadanía, tenemos que asumir el rol de fiscalización y vigilancia”, finiquitó.

 

Por otro lado, la también docente universitaria precisó que sería pertinente que se pueda instaurar una área municipal anticorrupción, conducida por miembros de la sociedad civil. Es importante mencionar que esta propuesta entró en debate en el saliente concejo provincial; sin embargo, nunca se aprobó.

 

“Todos lo que permita hacer una lucha contra la corrupción es positivo, y mejor cuando tiene participación directa de la sociedad civil”, concluyó.