Frente a los nuevos cuestionamientos que la Contraloría le imputa a la contratación directa que la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) celebró con un proveedor para el recojo de los residuos sólidos por tres meses, los regidores de la minoría, Orlando Puell Varas y Percy Espinoza Gonzales, se pronunciaron.

 

“El nuevo producto del Órgano de Control Institucional (OCI) confirma las observaciones que como regidores de la minoría hicimos en su momento, porque el expediente carecía de los informes técnicos y legales que sustentaban el acuerdo aprobado por la mayoría”, comentó Orlando Puell Varas.

 

Ante lo anunciado por el alcalde Marcos Gasco el pasado 17 de abril (que el proveedor empezaría a trabajar el jueves 18 de abril, porque ya había firmado contrato), expresó, “cuándo comenzará su trabajo la empresa contratada es una pregunta que se hace toda la ciudadanía”.

 

El concejal señaló, que a pesar del anuncio del burgomaestre, el contrato no había sido colgado en el portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace).

 

Por su parte, su colega de bancada, Percy Espinoza, lamentó la situación “al punto de que la Contraloría determine que hay un supuesto acto ilegal”.

 

Espinoza refirió tener dudas respecto a lo afirmado por el alcalde, en el punto de que el contrato con el proveedor ya estaba firmado.

 

“No sé si lo firmó o lo disolvió; además, porque dijo que al día siguiente (de su anuncio, el 17 de abril) la empresa comenzaría a operar, pero no se ha dado, a pesar que los términos de referencia así lo exigen”, comentó.

 

Al regidor Percy Espinoza, el tema de la certificación de la ampliación presupuestal que necesita esta contratación directa, es un asunto delicado que debe transparentarse, refiriéndose a los 141 mil soles que la MPCh debe certificar, porque el valor estimado de la contratación fue de un millón 755 mil soles, sin embargo, la buena pro se adjudicó por un millón 896 mil 750 soles.