Un nuevo escándalo envuelve a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Ferreñafe, luego de que Darío Carrasco Lucero, director del plantel educativo N° 10056 de esta jurisdicción, denunciara el supuesto delito de nepotismo durante la realización del concurso de Contratación Administrativa de Servicios (CAS); con puestos para acompañante pedagógico, responsable de calidad de la información y otros.

 

Según el directivo, tres de las integrantes del Comité de Evaluación CAS de la UGEL de Ferreñafe habrían beneficiado a quienes serían sus parejas sentimentales, teniendo en especial consideración el caso de Yeovana De los Santos Exebio, quien, supuestamente, accionó en favor de su esposo Víctor Samamé Larraín; postulante a la modalidad de coordinador administrativo de recursos educativos (CARE) urbano.

 

“Para el concurso CAS se presentaron diversas personas para ocupar determinados puestos. Sin embargo, la sorpresa fue que quienes integraban y dirigían la Comisión Evaluadora, en algunos casos, son pareja y; en uno en específico, esposa de uno de los participantes. Puntalmente, la situación de Yeovana De los Santos, que su cónyuge es Víctor Samamé Larraín”, declaró Carrasco Lucero.

 

“El otro caso es el de Celia Vigil Saavedra, que su pareja sentimental, y no de hoy, sino, de muchos años, es el profesor Jaime Vilca Cotrina (declarado en condición de ‘APTO’ en la modalidad de Acompañante Pedagógico). El otro caso es de María Cotrina Cabrera, quien estaría buscando apoyar a su pareja Adrián Flores Zambrano (‘APTO’ en la evaluación para el puesto de responsable local de calidad de la información)”, según expresó Dario Carrasco.

 

 

 

Carrasco Lucero enfatizó que, aunque el proceso de contratación CAS fue retrotraído por la Gerencia Regional de Educación (GRED), debido a que tras las revelaciones del posible nepotismo las tres personas en cuestión se abstuvieron a evaluar y posteriormente renunciaron a conformar el Comité de Evaluación; se debe sancionar a los responsables, pues esta será la única forma de evitar que hechos como estos se repitan.

 

“En el momento se hizo la denuncia y la Gerencia Regional de Educación, a través de una resolución, anuló este proceso. O sea, la evaluación quedó en nada, pero no hubo la sanción, porque el nepotismo es un delito (…). Existe la posibilidad de que estas irregularidades se puedan seguir dando si es que no se sanciona como debe ser. Esto ha generado un poco de desconfianza en el magisterio”, argumentó.

 

 

En otro momento, el denunciante se refirió a Jorge Casusol Acosta, jefe de Asesoría Jurídica de la UGEL de Ferreñafe, quien, según detalló Carrasco Lucero, en el año 1988 fue sentenciado por el delito de terrorismo; con la consecuente inhabilitación a laborar en el sector público luego de cumplida la condena. “La sentencia del 88 señala que Casusol Acosta, en sus actos terroristas, asesinó a dos personas. Además, le disparó a un niño”, informó.

 

“Sí, cumplió condena, pero de acuerdo a Ley N° 29988, estos señores están inhabilitados para poder ejercer función pública. No obstante, él también desempeñó funciones de asesor legal en la UGEL de Lambayeque. Actualmente, con el ‘blindaje’ de la directora de la UGEL Ferreñafe, sigue siendo jefe de la oficina de Asesoría Jurídica; a pesar del conocimiento que tiene la consejera presidenta de la Comisión de Educación”, adhirió.

 

 

 

Para concluir, Carrasco Lucero habló de la resolución N° 296-2019 que emitió la GRED el pasado ocho de abril, donde, aparte de retrotraer el proceso de contratación CAS antes mencionado y suspender las funciones del Comité Evaluador, declaró nulos los contratos de Casusol Acosta y otros. No obstante, días después la resolución fue modificada a petición de la oficina de Asesoría Jurídica de la GRED.

 

La modificación fue plasmada en la resolución N° 330-2019, del 24 de abril, donde, en el artículo primero, alude “apresuramiento para resolver asuntos coyunturales”. El documento precisa el retrotraer el concurso CAS en la UGEL, pero suprime el aspecto de declarar nulos los contratos de Casusol Acosta y otros.

 

“Se sabe que, de acuerdo a la Ley de Proceso Administrativo Legal, las resoluciones se apelan, no se modifican. Es decir, aquí se podría hablar de cierto ‘blindaje’ a estas personas (Casusol Acosta y otros)”, concluyó Carrasco Lucero.