La detención de los últimos 25 implicados (10 están prófugos) en la presunta mafia ‘Los Corchines de la Corrupción’ ha traído consigo una avalancha de sospechas, las cuales involucrarían a un gran número de exhombres de confianza del sindicado líder de esta red criminal, el recluido, David Cornejo Chinguel.

 

El gran desprendimiento de indicios radicó cuando, en el requerimiento fiscal, que da pie a la resolución judicial de detención preliminar por 15 días de la llamada ‘Tercera Ola’, se revelan las declaraciones del testigo con clave de reserva ‘El Blanco’.

 

“El alcalde repartía los expedientes técnicos para la Reconstrucción en su despacho a sus funcionarios como algunos regidores…a los funcionarios Miluska Quispe Zárate, Samuel Carrasco Calderón, Manuel Odar Farro, Daniel Coronado Tarrillo, Angélica Atoche, Washington Aliaga Marín.

 

A regidores como: Luis Carlos Cabrejos Ucañay, Boris Bartra Grosso, Alfredo Montenegro Bermeo, estos expedientes les obsequiaba, siendo su costo de cada uno, un promedio los más baratos de ocho a diez mil y los más caros de veinte a veinticinco mil soles…”, reza el documento.

 

El testigo con clave ‘El Blanco’, añadió que tanto los funcionarios como regidores ‘agraciados’, “buscaban su ingeniero para la firma del expediente y del contrato, donde la rúbrica de los profesionales era un 20% del valor de todo el expediente, de tal manera que había un beneficio económico para estas personas”.

 

Ante esto, La Industria, en su momento, entrevistó al actual alcalde chiclayano, Marcos Gasco Arrobas, quien destapó una cruda realidad de las obras de la Reconstrucción Con Cambios (RCC) ejecutadas por la anterior gestión.

 

“Las obras de la RCC que se ejecutaron el año pasado, la mayoría tiene problemas ya sea de corrupción o por el caos que existió. La mayoría (de obras) están para nulidad de contrato, otras ya fueron terminadas y los pagos no concuerdan”, indicó.

 

El burgomaestre resaltó que varios de estos proyectos se ejecutaron bajo la modalidad de concurso oferta cuando no estaba permitido, así como en otros casos, los contratistas exigen un pago mayor al que estipula el contrato.

 

“Hay mucha diferencia en las liquidaciones y muchos problemas, lo cual está ocasionando que nosotros anulemos los contratos”, precisó.

 

De acuerdo a la información proporcionada por la propia Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) a este diario, el primer paquete de 11 obras ejecutadas bajo la modalidad contratación de concurso oferta licitadas el 2017 tuvo un monto de S/ 10 millones 266 mil 741. 73.

 

Funcionarios de la comuna indicaron que, estas obras fueron convocadas bajo la modalidad de concurso oferta a precios unitarios, sin embargo, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, lo prohibía, por lo que estos procesos no debieron ser convocados bajo esta modalidad.

 

Agregan que, el contrato de cada obra comprendía la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra, pero culminada la elaboración de los expedientes técnicos por parte del contratista, estos superaban el monto contractual, que en conjunto los 11 expedientes técnicos ascendían a S/ 13 millones 704 mil 609.97.

 

Estos expedientes, según la información de la MPCh, fueron aprobados mediante acto resolutivo por la gestión pasada sin tener disponibilidad presupuestaria para cubrir la diferencia entre el monto del expediente técnico y el monto contractual, lo cual era necesario.

 

“Por lo tanto, no se debió aprobar el expediente técnico elaborado por el contratista y tampoco se debió dar inicio al plazo de ejecución de obra hasta contar con la disponibilidad presupuestal y la adenda respectiva al contrato, donde se amplíe el monto contractual”, sostienen los funcionarios.

 

En este paquete de obras, también figura una recepcionada y liquidada, la misma que ha sido recepcionada tomando como referencia el expediente técnico aprobado, pero liquidada y cancelada hasta el monto contractual.

 

Asimismo, 6 obras recepcionadas sin liquidación, las mismas que han sido recepcionadas tomando como referencia el expediente técnico aprobado, por lo que no debieron ser recepcionadas.

 

Del mismo modo, dos obras más en proceso de recepción, donde se verificarán las diversas irregularidades advertidas por la Oficina de Control Institucional (OCI) mediante sus controles recurrentes, para lo cual la municipalidad está evaluando la aplicación de las penalidades respectivas.

 

Asimismo, dos obras paralizadas injustificadamente por parte del contratista, por lo que al acumular la penalidad máxima por mora, procedería la resolución de contrato, según ley, explicaron.

 

“Por lo tanto, la MPCh está solicitado a la subgerencia de Logística y Servicios Internos, la aplicación de las penalidades correspondientes a los contratistas. Afirman haber remitido la documentación a la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios para que determine la responsabilidad de los funcionarios que hayan incurrido en una falta administrativa. Y se derivó la documentación a la Procuraduría Pública Municipal a fin de determinar la responsabilidad civil y penal por parte de los exfuncionarios públicos y contratistas”, señalaron.

 

Respecto a las obras por modalidad de contratación a precios unitarios, en la actual gestión edil precisan que este paquete constaba de 15 proyectos licitados en el 2018, cuyo monto de contratación ascendió a S/ 8 millones 563 mil 203.54.

 

El estado actual de estos trabajos exhibe 12 obras en proceso de recepción, donde se verificarán las diversas irregularidades advertidas por el OCI mediante sus controles recurrentes. La MPCh evalúa la aplicación de las penalidades respectivas.

 

Además, mencionan a dos obras en proceso de resolución de contrato por parte del municipio, dado que fueron paralizadas injustificadamente y abandonadas, por lo que al acumular la penalidad máxima por mora, procedería la resolución de contrato.

 

También existe, según la MPCh, una obra paralizada a la espera de aprobación de un adicional por cambio de redes de agua potable y alcantarillado, dado que la anterior gestión había aprobado un adicional para la misma, tomando como causal el mejoramiento de subrasante por la napa freática alta, debido a la presencia de unas filtraciones de agua.

 

“Sin embargo, la verdadera problemática era el mal estado de las redes de agua potable de asbesto, cemento y alcantarillado de concreto simple normalizado, las cuales tienen más de 30 años de antigüedad”, refirieron.

 

Igual que con el anterior observado paquete de obras, la MPCh informó que solicitó a la subgerencia de Logística y Servicios Internos, la aplicación de las penalidades correspondientes a los contratistas. Además, remitirá la documentación a la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios para que determine la responsabilidad de los funcionarios que hayan incurrido en una falta administrativa.

 

También, en este caso, enviarán la documentación a la Procuraduría Pública Municipal a fin de determinar la responsabilidad civil y penal por parte de los exfuncionarios públicos y contratistas.