El Órgano de Control Institucional (OCI) de la Gerencia Regional de Educación (GRED) detectó serias irregularidades con respecto al accionar de la GRED, así como de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Chiclayo y Ferreñafe; en lo que compete a la destitución e inhabilitación de docentes y administrativos con sentencias condenatorias por terrorismo, violación y tráfico ilícito de drogas.

 

Según se explica en tres informes de control, dichas entidades “incumplieron con la inscripción de las medidas de destitución e inhabilitación de servidores docentes y administrativos en el Registro Nacional de Sanciones del Servicio Civil (RNSCC), en el marco de la Ley N° 29988, situación que permitiría que personal con sentencia condenatoria reingrese a la función pública o privada en el sector Educación”.

 

En el caso de la Gerencia Regional de Educación, el OCI señala que Juan Villalobos Rojas, servidor destituido con resolución del cinco de junio del 2018, quedó inhabilitado de manera permanente para el ingreso a la función pública o privada del sector Educación; no obstante, al realizar la consulta respectiva en el módulo del RNSSC se advierte que dicha sanción no ha sido inscrita.

 

“La situación adversa identificada en el presente informe se sustenta en la revisión y análisis de la documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la condición y se encuentra en el acervo documentario de la Gerencia Regional de Educación Lambayeque”, indica la Contraloría.

 

El ente de control expone que la misma situación se presentó en la UGEL Chiclayo, con respecto a las destituciones de José Emilio Pisfil Effio (IES Pedro Ruiz Gallo – Eten), Alcibíades Peralta Díaz (IE N°11504 de Pampagrande), Froilano Fasabi Cumapa (IES Santa Magdalena Sofía); Jesús Santos Molina Urrutia (IE N°1011 Señor de los Milagros – JLO) y Luis Alberto Rentería Girón (IEI Inmaculada Concepción - Chiclayo).

 

De igual forma, con Manuel Francisco Calbay Agurto (IE N° 11225 Miguel de Cervantes - Pomalca), José Domingo Fernández Quispe (IE N° 10156 – Chiclayo), Otto Nelson Rojas Rojas; Rosa Arcila Campos Siesquén, Segundo Solano Sánchez Rodrigo (IE Cristo Rey - JLO), Fraxedes Barboza Burga y Ruperto Torrejón Alva.

 

Para concluir, en el caso de la UGEL Ferreñafe, Contraloría advierte del incumplimiento de inscripción de las medidas de destitución e inhabilitación de Ángel Sánchez Rodríguez (IE N° 11160 - Atuloma - Cañaris).

 

“El hecho expuesto genera el riesgo de que servidores (personal docente) de instituciones educativas que se encuentran inhabilitados de manera permanente al tener una sanción impuesta por estar inmersos o implicados en delitos de terrorismo, apología al terrorismo, delitos de violación a la libertad sexual y delitos de tráfico ilícito de drogas; puedan reingresar a la función pública o privada en el sector Educación”, finaliza el OCI.