El Poder Ejecutivo aprobó la Política Nacional Multisectorial de Lucha contra el Terrorismo 2019-2023, documento gestionado por el Estado para frenar y neutralizar el avance de cualquier acción terrorista en todo el territorio nacional.

Estos objetivos buscan eliminar todo tipo de actos de violencia que afecten los derechos fundamentales de los ciudadanos, lo que se encuentra en estrecha concordancia con los lineamientos del Gobierno.

La política antiterrorista se oficializó, mediante el Decreto Supremo 23-2019-IN, publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Según la norma, la conducción, seguimiento y evaluación de esta política están a cargo del Ministerio del Interior, y su implementación y ejecución corresponden a las entidades del Estado responsables de los objetivos.

Esta política también plantea nueve lineamientos, entre ellos la prevención de acciones terroristas que afecten a la sociedad, así como mejorar los servicios de asistencia a las personas afectadas y sancionar el financiamiento de las acciones terroristas.

Propone, asimismo, actualizar la normativa en materia de terrorismo en la legislación peruana, así como fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas del orden y de los operadores de justicia a escala nacional, entre otras acciones.

La norma señala que la violencia armada terrorista se reduce solo a regiones específicas, y que se debe combatir desde su estructura cualquier organización que exacerbe la violencia.