La Contraloría detectó un perjuicio económico de S/ 249, 750 durante la contratación de 10 máquinas compactadoras para el servicio de recojo de residuos sólidos en Chiclayo. Asimismo, halló responsabilidad penal y administrativa en 24 personas, entre ellas, el alcalde provincial, Marcos Gasco Arrobas, regidores y funcionarios de la comuna.

La Contraloría detectó que la contratación directa del servicio de recolección de residuos sólidos al margen de la normativa, afectaron la libertad de concurrencia, la legalidad y el correcto funcionamiento de la administración pública, así como, generó perjuicio económico de S/ 249 750,00.

“Se evidenció la aprobación por mayoría (sesión de Concejo municipal) de la ‘declaratoria de emergencia por desabastecimiento inminente del servicio de recolección y transporte de residuos sólidos’, teniendo como sustento, informes técnicos y legales, que no acreditaron los dos elementos necesarios de la causal señalada, como es una situación extraordinaria e imprevisible, ni sustentan la ausencia de algún bien o servicios que comprometa la continuidad de las funciones de la entidad, a pesar de ello, se emitió el Acuerdo Municipal declarando en situación de desabastecimiento inminente el servicio de recolección de residuos sólidos por el periodos de 90 días calendario”, señala la Contraloría en su informe.

Asimismo, destaca que se autorizó “la contratación directa para atender el desabastecimiento, pese a que anterior a ello, se suscribió acuerdos entre la entidad (municipalidad) y el Gobierno regional de Lambayeque, para la gestión integral de residuos sólidos, referidos al apoyo con maquinaria y personal para la recolección de residuos sólidos, considerando que el objeto del convenio es establecer diversas acciones destinadas a mejorar las condiciones ambientales en la jurisdicción de la provincia de Chiclayo”.

Se indica también que “se observó que fuera de plazo establecido por la normatividad, se publicó en el Seace un acuerdo que n aprobó la contratación directa, faltando a la verdad, así como, la publicación de informe técnicos y legales, que no fundamentan técnica y legalmente, la configuración de la causal de desabastecimiento inminente, ni la necesidad de contratar directamente algún objeto de contratación”

Se da cuenta que a pesar que no se aprobó la contratación directa, el área usuaria elaboró inicialmente unos términos de referencia, que fueron modificados posterior a la emisión del segundo acuerdo municipal, sin fundamento, cambiando la cantidad exacta de vehículos solicitados, restringiendo sus características solo a 10 vehículos compactadoras.

LIMITAN POSTORES

“Se observó que, con términos de referencia no precisos, ni claros, y con requisitos de calificación que establecieron exigencias que limitaron la concurrencia de potenciales postores, utilizando la modalidad de proceso de contratación directa, se realizó vía correo electrónico 3 cotizaciones, obteniendo 3 ofertas de empresas, que fueron remitidas al área usuaria, instancia que señaló, sin justificación, que la cotización de menor cotos no era técnicamente correcta, conllevando a que en la determinación del valor estimado (…) se establezca un valor referencial de S/ 1, 755, 000.00, siendo incrementado en perjuicio de la entidad”.

NO CUMPLIÓ REQUISITOS

Finalmente el informe del ente de Control, da cuenta que se “admitió y calificó la propuesta de una empresa (único postor) que no cumplió requerimientos técnicos mínimos establecidos en las Bases de la contratación directa, a quien se le otorgó la buena pro por el monto de S/ 1,896, 750.00, monto mayor al valor estimado, así como, al cotizado que fue retirado sin sustento del estudios de mercado”.

ACCIONES A TOMAR

La Contraloría frente a estas presuntas irregularidades recomienda al alcalde de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores de la municipalidad de Chiclayo.