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Publicado el Sábado, 19 de Septiembre del 2020

Alcalde debe responder por situación de limpieza pública

Obreros no se sienten protegidos para cumplir con el recojo de los residuos de la ciudad.
El alcalde de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, tiene un plazo de siete días para responder a los documentos que presentó la regidora Pamela Alva Carranza, quien solicitó información sobre la situación de la limpieza pública durante la pandemia.
 
El 15 de setiembre, la regidora remitió un documento a la autoridad edil, solicitando información sobre la capacidad operativa del servicio de limpieza en la ciudad.
 
El documento señala que se busca conocer la situación real de la maquinaria para el recojo de residuos sólidos, así como el recurso humano del área competente y la entrega de los implementos de seguridad al personal de limpieza pública.
 
Al día siguiente, remitió otro documento al burgomaestre de Chiclayo, solicitando información sobre el plan de acción implementado en residuos sólidos y las estrategias durante la pandemia.
 
Se busca conocer los siguientes puntos: Plan de acción implementado por la subgerencia de Residuos Sólidos, para el mejoramiento de la limpieza pública y las estrategias puestas en práctica por la citada oficina. En ambos documentos la regidora precisa que el plazo es de siete días para que el alcalde responda con información actual y detallada.
 
En tanto, los obreros solicitaron la intervención de la regidora Alva Carranza en su condición de presidenta de la Comisión de Salud y Saneamiento Ambiental, a fin de fiscalizar y verificar la realidad del servicio de limpieza pública.
 
Advierten que hay maquinaria malograda y no se aplica el protocolo de bioseguridad para evitar la propagación del covid-19, lo que imposibilita brindar un servicio al 100 %.
 
Ayer la concejal conversó con algunos obreros para conocer su situación y se advirtió que actualmente el servicio de limpieza se brinda con nueve compactadoras, dos volquetes y un camión baranda. El servicio se brinda en tres turnos en las 11 zonas.
 
La masa trabajadora exige la implementación de las condiciones para la protección de su vida, salud y bienestar, por ser una obligación del municipio a través del comité de seguridad y salud en el trabajo.
 

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